Medidas adoptadas con el decreto 0075 de 2013 buscan habilitar suelo para construir, por lo menos, 500 mil viviendas para los más pobres.
En rueda de prensa, el Ministro Vargas Lleras explicó los alcances de los decretos expedidos por la Nación. Fotografía Julián Sabogal MVCT.
Bogotá D.C., 30 de enero de 2013. (MVCT).- El Ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, aclaró hoy los alcances de los decretos 075 de 2013 y el 2729 de 2012 (controla precios del suelo) expedidos por su despacho y que buscan habilitar suelo para la construcción de Vivienda de interés Social, VIS, y de Interés Prioritario, VIP.
El Ministro explicó que les corresponde a los concejos municipales, en los Planes de Ordenamiento Territorial, POT, que regirán en los próximos 12 años, establecer los porcentajes de suelo urbanizado que se les exigirán a los constructores para impulsar el desarrollo de la vivienda para los más pobres, porcentajes que no pueden ser inferiores al 20%. Esta exigencia legal existe desde el año 97 y fue reforzada por la Ley de Vivienda gratuita, promulgada en 2012.
De otra parte, las normas buscan que los municipios regulen, en ejercicio de su autonomía, las condiciones arquitectónicas de la VIS y de la VIP, para evitar los falsos proyectos de Vivienda de Interés Social.
Igualmente, con el decreto 2729, se les entregan a las entidades públicas instrumentos para congelar los precios del suelo en los procesos de compra de predios para ejecutar obras de acueducto, alcantarillado, carreteras, viviendas…
Con estas normas, explicó Vargas Lleras, el Gobierno cree que se habilitará suelo, como mínimo, para 500 mil soluciones de vivienda.
En relación con las declaraciones del alcalde de Bogotá, Vargas Lleras dijo que es falso que el Gobierno Nacional esté prohibiendo proyectos de renovación urbana para Vivienda de Interés Prioritario. El artículo 8 del decreto 075 expresamente dice que la norma rige para VIS y/o VIP, en los porcentajes que determinen los concejos.
Ni la administración, ni el concejo municipal de Bogotá, pueden desconocer la Ley 388 de 1997 ni la Ley 1537 de 2012.
Dijo el Ministro que confunde la administración, de manera irresponsable, el 20% de compensación en el suelo, que es lo que exigen las normas legales, con el 20% de edificación, lo que, por supuesto, es ilegal y además encarecería las construcciones hasta en un 40%.
“Los constructores en Bogotá por supuesto que tienen que compensar el 20% y lo pueden hacer en el centro ampliado o por fuera del mismo”, reiteró enfático el Ministro.
Agregó Vargas Lleras que la política de vivienda de la administración de Bogotá ha conducido a todo lo contrario de lo que se propuso inicialmente, como quiera que la oferta habitacional de la Vivienda de Interés Prioritario no supera las 196 unidades en venta, en este momento, en toda la ciudad.
Dijo, además, que de las 70 mil viviendas, anunciadas por el Alcalde, no se ha iniciado ni un solo proyecto, no se ha aprobado un solo plan parcial y mucho menos se ha iniciado construcción alguna en el Centro Ampliado de Bogotá.
Los resultados de esta política en Bogotá, han llevado a:
- Caída en el 58% en licencias.
- Caída del 40% en lanzamientos.
- Caída en el 76% en los proyectos de Interés Social.
Por último, el Ministro de Vivienda manifestó que contrasta esto con la buena acogida que han tenido los decretos en mención, en ciudades como Medellín, Manizales y Valledupar, que contario a Bogotá, celebran la expedición de los mismos porque claramente profundizan la autonomía de los entes territoriales.
