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Conozca el marco normativo, los principales beneficios y algunos casos locales que favorecen a la oferta y la demanda en el sector constructor.
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Beneficios como deducciones tributarias, exclusión de IVA, depreciación acelerada y tasas preferenciales fortalecen la competitividad de los proyectos sostenibles.
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Herramientas de financiamiento como bonos verdes y crowdfunding impulsan la transición hacia edificaciones más eficientes y ambientalmente responsables.
El Gobierno del Presidente Gustavo Petro, desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, presenta la Guía para Orientar la Formulación e Implementación de Incentivos a la Construcción Sostenible en Colombia, un documento técnico que reúne el marco normativo vigente a nivel nacional y territorial, describe ocho tipologías de incentivos, y consolida ejemplos y estudios de caso que facilitan su aplicación.
“Esta guía también proporciona orientaciones claras para que entidades públicas, desarrolladores y demás actores del sector puedan promover proyectos edificatorios más eficientes en el uso del agua y la energía, con mayor responsabilidad ambiental y mejor desempeño territorial”, explicó la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Helga Rivas Ardila.
En este documento se reúnen las normas que sustentan la construcción sostenible en Colombia, como la Ley 1715 de 2014, que facultó diversas acciones tendientes a deducir hasta el 50 % de las inversiones en eficiencia energética en el impuesto de renta; la Ley 2099 de 2021, que actualiza el marco para la transición energética; la Resolución 0194 de 2025, que fija nuevos porcentajes de ahorro de agua y energía entre el 10 % y el 45 %; y la Resolución UPME 135 de 2025, que define los requisitos para acceder a incentivos como exclusión de IVA, exención arancelaria y depreciación acelerada.
Además, los constructores pueden obtener exclusión del IVA (19 %), depreciación acelerada de activos hasta del 33,3 % anual y exención de aranceles para equipos no producidos en el país usados en proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE) y Gestión Eficiente de Energía (GEE).
La publicación recoge algunas experiencias en las cuales la banca otorga beneficios financieros por la construcción sostenible, en especial se resalta la oferta otorgada por el Fondo Nacional del Ahorro quienes ofrecen tasas preferenciales para crédito constructor desde 6,5 %, condicionadas al nivel de certificación del proyecto y al porcentaje de afiliados beneficiarios. De igual forma, FINDETER habilita líneas como Reactiva Verde y Sostenible y financiamiento directo para proyectos con criterios de taxonomía verde.
“Dentro de la experiencia internacional hemos identificado que se destacan figuras emergentes como bonos verdes y crowdfunding inmobiliario sostenible, mecanismos de financiación colectiva alineados con estándares ambientales, los cuales pueden servir de ejemplo para impulsar en nuestro país”, explicó la Ministra.
Incentivos administrativos, académicos y sociales
Bogotá ofrece incentivos administrativos que incluyen la reducción de los tiempos de trámites ambientales a un máximo de 45 días hábiles y la exoneración de cobros por evaluación y seguimiento para los proyectos que se acogen al programa Bogotá Construcción Sostenible. A esto se suman programas de capacitación gratuitos que fortalecen las capacidades técnicas de equipos profesionales y comunidades vinculadas al sector, promoviendo la adopción de prácticas de construcción sostenible. Asimismo, los sistemas de pólizas sostenibles permiten a los desarrolladores acceder a descuentos del 10 % en las primas de seguros de cumplimiento, lo que contribuye a mitigar riesgos y reducir costos operativos a lo largo del desarrollo de los proyectos.
La ministra Helga Rivas hace un llamado a los constructores, gremios, entidades territoriales, financieras y demás actores involucrados a articular esfuerzos y aprovechar el marco de incentivos existentes para posicionar a Colombia como referente de la construcción sostenible en América Latina. “Como lo señala la propia guía, solo a través del compromiso de todos, lograremos que la sostenibilidad se materialice en una mejor calidad de vida y en la protección de los recursos naturales”, recalcó la ministra, enfatizando que el impacto de las normas, incentivos y herramientas técnicas depende de la acción coordinada de todos los actores de la cadena de valor.
