El Ministro de Vivienda, Felipe Henao en la reunión con las familias afectadas de Campo Alegre en Barranquilla. Foto: Julián Sabogal (MVCT)
Bogotá D.C. 14 de noviembre de 2013. (MVCT).- Luego de reunirse con las familias que resultaron afectadas con sus viviendas por los deslizamientos de la ladera occidental y del barrio Campo Alegre de Barranquilla, el Ministro de Vivienda, Felipe Henao Cardona comenzó a darle cumplimiento a lo pactado en la reunión del pasado 9 de noviembre en la capital del Atlántico.
El titular de la cartera de Vivienda anunció que en reunión de la junta directiva del Fondo Nacional del Ahorro, FNA, realizada hoy, le solicitó al presidente de la entidad, Ricardo Arias, la suspensión de los procesos judiciales que se adelantan contra las personas que tenían créditos de vivienda en la entidad financiera.
“Es una buena noticia la que les damos a las familias damnificadas de Campo Alegre, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda continúa acompañando de esta manera a los núcleos familiares que han perdido sus casas por la inestabilidad de los terrenos, solo falta que la Alcaldía de Barranquilla adelante el respectivo censo para determinar el número de acreencias hipotecarias para proceder con la suspensión de los créditos”, manifestó Henao Cardona.
Cabe recordar, que el Ministro Felipe Henao, había acordado con las familias afectadas este punto de suspender los procesos de remate de las viviendas en las cuales los propietarios tenían deudas con el Fondo Nacional del Ahorro.
“Continuaremos trabajando con la mesa interinstitucional para hacerle el seguimiento a la problemática que viven las familias de Campo Alegre y de la ladera occidental de Barranquilla, cuyas viviendas fueron afectadas por la inestabilidad de los terrenos, se hará el acompañamiento con una comisión sismo resistente para determinar las causas de los daños en las casas”, recalcó el ministro. Quien agregó además, que el Gobierno pedirá al Consejo Superior de la Judicatura el estudio de la suspensión de los procesos jurídicos que cursa en contra de las familias afectadas.
