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Minvivienda explica inconveniencia del POT para Bogotá

Bogotá, D.C.
Bogotá D.C., 3 de diciembre de 2013. (MVCT).- El Viceministro de Vivienda, Guillermo Herrera Castaño, asistió esta mañana al debate al que fue citado junto con el Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en la Comisión Tercera del Senado de la República, donde presentó los argumentos jurídicos por los cuales el Ministerio considera que el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá no se podía adoptar por Decreto del Alcalde.

​El Viceministro de Vivienda, Guillermo Herrera Castaño, asistió al debate de control político en la Comisión Tercera del Senado de la República.


​El Viceministro de Vivienda, Guillermo Herrera, durante su intervención en la Comisión Tercera del Senado de la República. Foto: René Valenzuela (MVCT)

 

“Lo que hizo la Alcaldía de Bogotá no fue hacer modificaciones, sino, presentar un nuevo POT, lo cual no es legal”, Herrera Castaño.

 

Bogotá D.C., 3 de diciembre de 2013. (MVCT).- El Viceministro de Vivienda, Guillermo Herrera Castaño, asistió esta mañana al debate al que fue citado junto con el Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en la Comisión Tercera del Senado de la República, donde presentó los argumentos jurídicos por los cuales el Ministerio considera que el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá no se podía adoptar por Decreto del Alcalde.  

Por solicitud de los congresistas, el Viceministro Herrera explicó de manera pormenorizada las normas que regulan el tema y en un informe detallado, señaló las inconsistencias de la actuación del Alcalde Petro frente a los procedimientos establecidos por la normativa vigente al haber expedido el Decreto 364 de 2013. 

Herrera Castaño manifestó que según la ley, un Plan de Ordenamiento Territorial solo puede ajustarse de dos maneras: 

  • Mediante una revisión general, que opera solo hasta el final de la vigencia del POT, que para el caso del Distrito se cumpliría hasta el 2016.
  • Acudiendo a la figura de modificación excepcional que solo permite la reforma de alguno o algunos artículos del POT solamente.

​El Viceministro agregó que lo que hizo el alcalde Petro no fue una modificación excepcional, sino la adopción de un nuevo POT, derogando el que estaba vigente,  razón por la cual se excedió en la aplicación de la figura de la modificación excepcional. Adicionalmente, precisó que el Alcalde no estaba habilitado para expedir por decreto ni una modificación excepcional, ni un nuevo POT, ya que la Administración debió respetar la decisión del Consejo Distrital de negar el proyecto en concordancia con los pronunciamientos del Consejo de Estado y el Tribunal de Cundinamarca. 

El Viceministro de Vivienda, recalcó que las mesas de participación ciudadana requeridas para concertar el POT no se cumplieron a cabalidad, teniendo en cuenta que el texto aprobado por Decreto presenta modificaciones de hasta el 35 por ciento al inicialmente presentado para debate en el Concejo.  

​“Es necesario unificar los modelos de modificación y renovación de los POT en el país para que no se justifiquen algunos cambios en los vacíos jurídicos en la ley, y según los criterios de cada administración municipal, lo que afecta en gran medida el desarrollo de las ciudades”, subrayó Herrera Castaño. 

El Viceministro hizo énfasis en que el POT decretado por el alcalde de Bogotá afecta los tributos, por lo que era necesario revisar con qué sustento legal se creaban nuevos impuestos.

​“La compensación de pago en efectivo va en la manera en que los constructores le salgan al paso a las exigencias del POT, y esto dejará en manos del Distrito, la adecuación de vías, parques, entre otras infraestructuras que se requieran para los nuevos proyectos de construcción en la Capital de la República, situación que además no va a permitir que haya homogeneidad en las diferentes zonas de la ciudad, lo que le resta competitividad”, manifestó el Viceministro Guillermo Herrera. 

Por su parte, uno de los senadores citantes, Fernando Tamayo, dijo que el POT decretado por el Alcalde Petro era ilegal y que no podía expedirlo porque fue debatido y hundido en el Concejo de Bogotá, lo que generó un limbo jurídico en la Capital de la República, por lo cual se estaba perdiendo empleo y la oportunidad de fomentar la construcción, afectando incluso a los más necesitados.

 

Modificado el Vie, 23/10/2020 - 21:41